La senadora kirchnerista presentó un proyecto de declaración manifestando su preocupación por la resolución del ENACOM que pone en riesgo al sector comunitario de la comunicación.

“La resolución de la ENACOM es un profundo retroceso para el derecho a la comunicación. Buscan destruir el sector comunitario de cualquier manera, ahora con una resolución gravísima con la cual quieren desmantelar las radios comunitarias y así aumentar el blindaje mediático oficialista. Un gobierno para pocos necesita que hablen pocos, que la palabra pública sea restringida”, señaló Mónica Macha, senadora provincial FPV-PJ y Presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión sobre la resolución gubernamental 2064E/2017 emitida por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) en la que se arroga la facultad de “disponer la clausura, secuestro, apercibimiento, multa y/o decomiso” de “estaciones radioeléctricas no autorizadas o en infracción, incluyendo las de radiodifusión, con el concurso del poder judicial y la fuerza pública”. 

El extitular de AFSCA declaró en el Juzgado de Bonadío, denunciado por el Grupo Clarín
 

“Niego absolutamente todo lo que se me imputa, es absolutamente falso. Ratifico que he actuado ajustado a derecho a la ley que me tocaba aplicar y al reglamento del organismo que presidía”, declaró hoy Martín Sabbatella en el Juzgado Federal n° 11 de Claudio Bonadío, quien no estuvo presente en la indagatoria. El extitular de AFSCA declaró verbalmente, presentó un escrito y se ofreció a responder cualquier pregunta, pero el oficial del Juzgado -luego de consultar a Bonadío- desistió de preguntar. “Quiero que quede constancia que habiéndome ofrecido a contestar todas las preguntas que el Juzgado considere, no me han realizado ninguna”, especificó Sabbatella para que se asiente en el acta de la declaración.

Palabras de Martín Sabbatella sobre el llamado a indagatoria del juez federal Claudio Bonadío en la causa que iniciaron los principales accionistas del Grupo Clarín.
 

Mañana voy a declarar en el Juzgado Federal de Claudio Bonadío, en una causa que iniciaron los principales accionistas del Grupo Clarín, luego de que descubriéramos su intención de burlar la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No dudo de que el juez tiene el objetivo de procesarme y satisfacer así la voluntad persecutoria de esa corporación económica y de su socio, el Gobierno de Mauricio Macri. Nadie duda en este país -ni siquiera los fanáticos aplaudidores de Bonadío- que se trata de un juez funcional a acomodar sus decisiones jurídicas a la estrategia política de los sectores económicos dominantes que gobiernan Argentina desde diciembre de 2015. Y esos sectores son los que no soportan que desde 2003 haya habido un Gobierno que se atrevió a enfrentarlos y a dar una pelea franca y democrática contra sus privilegios.